En su campaña presidencial, el actual mandatorio había señalado su disconformidad con la «militarización de la Araucanía» dispuesta por el Gobierno de Sebastián Puñera en octubre de 2021.
El estado de excepción permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para colaborar con Carabineros en la gestión de tareas de seguridad. Con esta herramienta, estimaba Piñera, se procura combatir «el crimen organizado y el terrorismo que se ha enraizado en esos territorio».
La resolución de Piñera respondía a los incendios provocados, ataques a compañías madereras y otros hechos delictivos que se han registrado durante los últimos años en la Macrozona Sur del país, y que han sido atribuidos desde algunos sectores políticos y empresariales a pobladores mapuches.
Boric afirmó en ese momento que la desición era un «fracaso de las políticas del Estado y solo profundiza los errores que se han cometido. Por lo tanto, me parece que es un mal camino».
Cuando el actual mandatario asumió, decidió no renovar la emdida de su predecesor. Sin embargo, el 17 de mayo de 2022, el Gobierno volvió a decretar el estado de emergencia en el sur chileno, que se ha prorrogado desde entonces 23 veces y acaba de cumplir un año.
El estado de excepción constitucional se encuentra vigente en las provincia de Arauco y Bío Bío y la región de Araucanía. Estas constituyen una zona de pertenencia histórica del pueblo mapuche, cuya lucha se centra principalmente en la restitución de sus tierras ancentrales.
Desde hace décadas, existe en esa zona llamada Wallmapu una disputa territorial que enfrenta al Estado Chileno, comunidades mapuches y empresas forestales.
Los datos del Gobierno
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, participó el 16 de mayo en la firma de la Declaración de Trabajo en Conjunto para la ejecución de la Política y Plan Nacional Contra el Crimen Organizado en las dependencias de Gendarmería. En ese lugar, habló con la prensa sobre este año de militarización del sur.
El funcionario de la Administración de Boric informó que los hechos de violencia han disminuido en las regiones donde rige el estado de excepción. Aseguró que se mantiene «una situación crítica», aunque destacó una disminución en la cifra de ataques.
«Hay un 30% menos de hechos de violencia rural en la Macrozona Sur. Hay un efecto de las medidas que el Gobierno ha tomado», señaló el subsecretario, y agregó que este «2023 seguimos con una tendencia a la baja».
Finalmente, Monsalve aseguró que se va a «fortalecer la estrategia del estado de excepción».
Para Caniguan se ha generado un desgaste de la medida y que se ha vuelto «ineficaz», a pesar de la disminución de hechos violentos que informó el Gobierno. La académica resaltó que hubo otros procesos «orgánicos» en la región y no «necesariamente el estado de excepción es el que esté disminuyendo la violencia en la zona».
Araya explicó que la inseguridad no es una cuestión de porcentajes. «No tiene sentido que tú le digas a la sociedad civil o a una persona de la Araucanía que antes le garantizamos un 30% de su seguridad y ahora el 50%».
La exigencia de la oposición a Boric
Un grupo de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigió al ejecutivo decretar estado de sitio en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Bío Bío.
«Desde mediados de abril hasta la fecha que los ataques incendiarios y terroristas se han recrudecido en las regiones del sur de nuestro país, llegando incluso al punto de amenazar la integridad física de decenas y cientos de ciudadanos», advirtieron los parlamentarios en un documento entregado en La Moneda, sede del Gobierno, el 15 de mayo.
«Por lo mismo, en su calidad de presidente de la república, creemos que resulta indispensable que decrete nuevas medidas para combatir a los grupos terroristas que operan en el sur, siendo una de ellas un estado de sitio, considerando que el actual estado de emergencia ha sido absolutamente insuficiente», criticaron.
Araya comentó que decretar un estado de sitio en la zona no es «ninguna solución», ya que la resolución del problema «es que no haya violencia. La naturaleza del conflicto ha demostrado la poca capacidad del Estado de tener inteligencia como acción preventiva. Ha mejorado, pero sigue siendo insuficiente».
«Por ejemplo, respecto de desmantelar bandas que hacen robo y contrabando de madera, la inteligencia ha mejorado. Pero en el núcleo de las organizaciones propiamente terroristas, que además se han ido fragmentando, ahí el Estado tiene poca inteligencia», acusó el académico.
El analista comentó que en algún momento debe primar el diálogo, pero que hasta este punto no se ve que el actual Gobierno haya hecho algo en concreto.
Por su parte, la académica del CIIR explicó que la postura de la UDI de pedir un estado de sitio no le parece extraño, puesto que ha sido la tónica de ese sector.
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