domingo, diciembre 4, 2022

Argentina pidió a Uruguay compartir base de datos de archivos diplomáticos de la dictadura

Los archivos administrativos y diplomáticos que se construyeron durante la vigilancia a exiliados durante la última dictadura, ordenados y desclasificados en 2005, son accesibles previa solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores y ahora Argentina propone incorporarlos a una plataforma regional por considerarlos elementales para llevar adelante causas contra el Plan Cóndor, según informó semanario Búsqueda.

El pedido se encuentra en análisis en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene a consideración un informe presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, al que accedió el medio citado, donde se hacen observaciones y explicaciones sobre el planteo argentino, realizado el año pasado en el marco del Mercosur y aún en agenda dentro del bloque: «El objetivo general es construir una base de datos que reúna documentos de los acervos públicos que den cuenta del accionar represivo de las dictaduras en la región; vinculando los archivos diplomáticos de las cancillerías con los de las Fuerzas Armadas».

De acuerdo a la Secretaría de Derechos Humanos, Argentina argumenta que los archivos diplomáticos «podrían aportar información que se convierta en prueba para los procesos judiciales que investigan los hechos ocurridos» en el Plan Cóndor y que contribuirán «al conocimiento de la documentación disponible sobre el papel de las cancillerías y agregadurías militares» en esta operación, «lo que generaría un impacto positivo en las políticas de memoria, verdad y justicia en el Cono Sur».

La propuesta expresa que, al establecer contactos con sus contrapartes, coordinar apoyos y capacitaciones, y realizar intercambios de inteligencia, los agregados militares de las dictaduras regionales asignados en embajadas y misiones diplomáticas fueron «un importante engranaje de la maquinaria sobre la que se montó» el Plan Cóndor. Esta acción militar supuso, entre 1968 y 1989, la cooperación entre los servicios de inteligencia de las dictaduras de Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay, respaldados por Estados Unidos, para el secuestro y asesinato de opositores políticos. En julio la Corte Suprema de Italia condenó a 14 personas por la desaparición y muerte de cerca de 20 víctimas de origen italiano. Entre los militares uruguayos sentenciados se encuentran Jorge Silveira, Jorge Tróccoli y Gilberto Vázquez; también el abogado Juan Carlos Blanco, canciller desde 1972 a 1976.

Anti-Cóndor

La Comisión Permanente Memoria, Verdad y Justicia del Mercosur, dependiente de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del bloque, es la que tiene en discusión la creación de la base de datos. En 2015 esta comisión publicó el libro A 40 años del Cóndor, al cual la delegación argentina recurrió para impulsar su planteo de una nueva plataforma de información sobre las dictaduras: «Es preciso pensar en las articulaciones regionales actuales en el campo de los derechos humanos como una especie de anti-Cóndor».

De la última reunión de la comisión, en mayo, participaron por Uruguay Matilde Rodríguez Larreta, directora de la Secretaría de Derechos Humanos, y Valentina Fernández Quesada, subdirectora de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta dirección, encargada de asesorar a la Cancillería en todo lo referente a la política exterior sobre derechos humanos y derecho humanitario, es la que analiza actualmente el planteo presentado en el Mercosur.

Allí se menciona en particular la utilización del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina por parte de las Fuerzas Armadas durante el proceso cívico-militar ocurrido en ese país entre 1976 y 1983. La intervención determinó que la Cancillería coordinara acciones con otros órdenes represivos sudamericanos en el marco del Plan Cóndor -«especialmente» a través de los agregados militares- e hiciera «frente a las denuncias en el exterior» mediante sus embajadas.

También se destaca la importancia del Archivo del Terror de Paraguay para probar hechos vinculados al Plan Cóndor, ya que su hallazgo «permitió un gran avance» para las investigaciones y los juicios contra represores paraguayos, argentinos, chilenos y uruguayos. Bajo ese nombre se conoce a los documentos que recopilan parte de la actuación de la dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989 en Paraguay, que incluyen comunicaciones entre autoridades de distintos regímenes de América del Sur.

En Uruguay los archivos histórico, diplomático y administrativo de la Cancillería fueron recopilados, ordenados y descritos para que estén a disposición del público a partir de 2005. Para acceder a la información existen dos mecanismos: la solicitud de antecedentes por parte de víctimas y/o familiares de víctimas de la dictadura, y la consulta por parte de investigadores y periodistas, para lo cual es necesario presentar a Relaciones Exteriores la fundamentación con el objeto de la investigación. El archivo se compone entre otros documentos de notas, telegramas, recortes de prensa, análisis de coyuntura y reuniones de embajadores, representaciones consulares y otras autoridades.

Durante la dictadura (1973-1985) la Cancillería se encargó de monitorear y vigilar en el extranjero a exiliados uruguayos, actividades y reuniones de organizaciones políticas y de solidaridad como el Movimiento de Liberación Nacional y la Junta Coordinadora Revolucionaria, la imagen pública del régimen uruguayo en medios de comunicación y otros gobiernos, y las denuncias internacionales ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También a escala local controló el ingreso de extranjeros y los refugiados en embajadas en Montevideo. Como principal órgano interno de inteligencia el ministerio contó con el Servicio de Información Exterior (SIE).

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