Tras un año de la explosión en el puerto de Beirut, hay más preguntas que respuestas para las miles de familias que se quedaron sin hogar en la capital libanesa, y que siguen sufriendo los daños estructurales dejados. Desde la comunidad internacional se hace eco de la situación de vulnerabilidad de estas familias, al tiempo que se advierte que las miles de toneladas de escombros amenazan con provocar una crisis de desechos sólidos si no se resuelve lo antes posible.
Al menos 300.000 personas se vieron afectadas inicialmente por la explosión en la capital libanesa el 4 de agosto de 2020, muchas de las cuales siguen sin hogar un año después, ya que gran parte de los escombros dejados por el impacto continúan sin ser retirados. Muchas de ellas todavía necesitan ayuda humanitaria.
Los daños causados a una buena parte de la infraestructura de Beirut, al menos 9.700 edificios según datos de la ONU, han dejado también a las familias deterioradas emocional y económicamente debido a la inacción de un Estado en crisis incapaz de romper el bloqueo político para formar un nuevo gobierno.
Información obtenida por la ONU a través de una encuesta realizada a unos 1.187 ciudadanos libaneses destaca que siete de cada diez hogares afectados solicitaron ayuda básica tras el impacto explosivo de 2020, que causó más de 200 muertos y al menos unos 6.500 heridos.
El reto, según la organización, es reconstruir las viviendas más golpeadas, clasificadas como infraestructuras con daños “severos”, entre las que se encuentran unos 1.093 edificios, en donde las reparaciones han avanzado “muy lentamente” o no han avanzado en absoluto.
Por otra parte, aunque se han realizado esfuerzos para restaurar instalaciones como escuelas, hospitales y clínicas con la ayuda de las ONG, una importante parte de la infraestructura pública sigue gravemente dañada, tales como los edificios patrimoniales.
“Los edificios patrimoniales no están diseñados para aguantar ningún tipo de fuerza lateral, en particular terremotos, las fuerzas del viento o, en nuestro caso, la explosión”, dijo el jefe de la Unidad de Planificación Urbana y Diseño de ONU-Hábitat en Líbano, Elie Mansour.
Otros daños se observan en el sistema de alcantarillado debido a que el impacto de la explosión se extendió también de forma subterránea.
“Fue bajo tierra e hizo salirse todas las pesadas tapas de las alcantarillas, así que te puedes imaginar lo que pasó con las tuberías. Desde entonces nadie ha llevado a cabo ningún sondeo, ninguna evaluación, nadie ha abierto las alcantarillas para ver qué pasó en la red”, afirmó Mansour.
Mientras tanto, las miles de toneladas de escombros generados a causa de la eclosión han agravado el problema de los residuos y, en algunos casos, suponen una amenaza para la salud pública, debido al asbesto encontrado en las construcciones destruidas.
“Estamos a las puertas de una crisis de desechos sólidos si no se emprenden acciones para rehabilitar las instalaciones de clasificación”, alertó Mansour.
Según el experto de la ONU, varios puntos habilitados para el almacenamiento de escombros contienen residuos contaminados con asbesto –un componente que puede provocar cáncer al ser inhalado– debido a que la mayoría de los techos en las construcciones de la ciudad libanesa se hacen con un material que contiene este elemento.
“Esos escombros están contaminados con todo tipo de … nitrato de amonio y otras sustancias peligrosas almacenadas allí”, dijo a la cadena de televisión Al Jazeera Mansour. “Y hasta ahora la asistencia en todos los sectores humanitarios ha sido mínima, seamos francos”, resaltó.
Investigaciones sobre la explosión demoradas, denuncian la UE y HRW
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), en vísperas de cumplirse un año del incidente de Beirut, publicó un informe en el que denuncia una serie de problemas en el sistema jurídico y político libanés que impiden resolver las causas y determinar los culpables de este trágico suceso para el país.
El informe denominado “Nos mataron desde dentro” está basado en diversos documentos oficiales que explican, entre otras cosas, por qué el Estado no ha podido avanzar y finalizar con la investigación oficial.
Según la organización, las pruebas demuestran que las causas de la explosión están relacionadas con la negligencia de altos funcionarios libaneses, incluido el primer ministro interino, Hassan Diab, “que no comunicaron con exactitud los peligros que significaba el nitrato de amonio”, producto químico que se almacenaba por casi seis años en un depósito de Beirut y que acabó provocando la deflagración.
“Pese a la devastación provocada por la explosión, los funcionarios libaneses siguen eligiendo el camino de eludir (responsabilidades) y la impunidad sobre la verdad y la justicia”, afirmó durante una rueda de prensa celebrada el martes, la directora de Crisis y Conflicto en HRW, Lama Fakih, en cuanto pedía al Consejo de Derechos Humanos de la ONU la autorización inmediata de una investigación paralela.
Por su parte, la Unión Europea (UE) pidió el martes a las autoridades libanesas resultados sobre el progreso de la investigación relativa a las causas del hecho.
“La Unión Europea insta de nuevo a las autoridades libanesas a dar resultados, sin más retrasos, sobre la investigación en marcha en torno a las causas de la explosión”, dijo el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en un comunicado.
“Un año después de este trágico acontecimiento, las familias de las víctimas y el pueblo libanés aún están esperando respuestas”, dijo Borrell.
Una tragedia en medio de una triple crisis que ilustra la grave situación del país
Como si no fuera suficiente para las familias, el haber perdido sus hogares y familiares, la situación en el Líbano es mucho más compleja cuando se agrega la intensificación de la crisis económica que comenzó en 2019, la crisis del Estado y también la pandemia del coronavirus.
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), las consecuencias de la explosión del año pasado dejaron a decenas de miles de personas sin trabajo, ya que el impacto acabó con múltiples negocios y muchos perdieron sus medios de subsistencia.
A finales de 2020, el 19 % de los libaneses habían reportado la pérdida de su principal fuente de ingresos y el 78 % de la población vivía en condiciones de pobreza, un tercio de ellos en situación de extrema pobreza, señaló la OCAH.
Los precios de los alimentos aumentaron un asombroso 400 % entre enero y diciembre de 2020, poniendo en alerta las necesidades humanitarias de los libaneses, especialmente de los hogares encabezados por mujeres que se enfrentan a altas tasas de desempleo.
Líbano lleva desde agosto de 2020 sin un Gobierno en plenas funciones, desde que el primer ministro interino Hassan Diab presentó su renuncia tras la explosión. Desde entonces, los intentos por conformar una nuevo gobierno han sido nulas, lo que ha llevado a un estancamiento político que impide hacer frente a la profunda crisis económica y financiera que atraviesa la nación.
Un informe presentado en junio por el Banco Mundial asegura que la crisis económica de Líbano se define como una de las peores crisis financieras del mundo en la historia moderna.
“Es probable que la crisis económica y financiera se sitúe entre los diez, o incluso los tres episodios de crisis más graves a nivel mundial desde mediados del siglo XIX”, señaló el documento.
Algunas de las razones, según la entidad que explica el panorama del país, se refieren en buena parte a la corrupción y la mala gestión de la élite política de la nación.
Otro problema, en un país ya fragilizado, ha sido el impacto de la pandemia del Covid-19, con 1.068 nuevos contagios reportados de media cada día, mientras la preocupación recae en la variante delta.
Con un sistema sanitario que carece de medicamentos e infraestructuras necesarias, el país se encuentra en uno de los momentos más delicados en los que se suma el virus, que ya se ha cobrado la vida de casi 8.000 personas.
