La explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que se produjo en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, mató a 217 personas e hirió a 7.000, ocasionó el desplazamiento de 300.000 personas y causó una destrucción generalizada, cuyos devastadores efectos afectaron a edificios situados en un radio de 20 km.
Según un informe de Amnistía Internacional las autoridades libanesas han pasado el último año obstruyendo descaradamente la búsqueda de la verdad y la justicia tras la explosión del puerto de Beirut, ha dicho Amnistía Internacional en vísperas del primer aniversario de la catástrofe.
Con ese objetivo, destituyeron al juez designado para la investigación cuando citó a figuras políticas para interrogarlas, y se han negado hasta ahora a las peticiones del nuevo juez de instrucción de retirar la inmunidad procesal parlamentaria e interrogar a altos cargos de las fuerzas de seguridad en relación con la tragedia.
Además, miembros del Parlamento y altos cargos reclamaron su derecho a la inmunidad procesal en el transcurso de la investigación.
