En marzo de este año la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida quien acusada de “terrorismo, sedición y conspiración” por los hechos de noviembre de 2019 que obligaron al presidente de Evo Morales a renunciar a la presidencia del país.
La primera denuncia contra Áñez fue planteada por la exdiputada Lidia Patty (MAS), quien a finales de 2020 ya se había querellado contra los jefes militares que acompañaron al Gobierno transitorio. Esa acusación fue por sedición, terrorismo y conspiración y derivó en una acción directa de la Policía en Trinidad que terminó con su captura, a medianoche del 12 de marzo.
Tres días después, Áñez fue ingresada en el penal de Obrajes y al cabo de una semana fue trasladada hasta la cárcel de Miraflores, en La Paz. El Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), se sumaron a la acusación de un segundo caso que fue bautizado como “golpe de Estado”, por el que también fueron detenidos los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, así como el excomandante de la Fuerza Área Jorge Terceros y el exjefe de la Armada Gonzalo Jarjuri.
La Fiscalía admitió otra denuncia, promovida por el Servicio Plurinacional de Atención a las Víctima (Septavi), contra Áñez por “genocidio” – un delito penado con la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto- por las 37 personas que murieron tras la intervención militar y policial de mediados de noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata.
Fuente: Télam
