Ricardo Torres explicó que la elección de presidente, que es estrictamente una facultad de los magistrados del TSJ, no interviene ninguna otra instancia ajena
El flamante presidente del TSJ, Ricardo Torres, aseguró ayer, miércoles, que por necesidad institucional y en una coyuntura que exige la transformación de la justicia, la Sala Plena decidió elegir a una nueva autoridad y los nueve magistrados depositaron su confianza en su persona a través del voto.
- Ricardo Torres es el nuevo presidente del TSJ
“Para mí va a ser como boliviano, pandino de corazón y representante de ese departamento de nuestro país presidir el TSJ, lo voy hacer con toda responsabilidad, probidad que requiere los actos que quien preside la máxima instancia como el TSJ, repito que esto ha sido dentro de las competencias y facultades que tiene la Sala Plena”, señaló.
Torres explicó que esta facultad de elegir presidente, que es estrictamente de los magistrados del TSJ, no interviene ninguna otra instancia ajena.
“No conozco que ningún magistrado haya previamente consultado o dialogado con alguna institución o persona externa a la Sala Plena, esta decisión obedece a las facultades y competencias que tienen los nueve magistrados de Sala Plena”, remarcó.
Consultado sobre cuál va a ser la relación con los demás órganos del Estado, Torres señaló que será de coordinación en el marco de la Constitución Política del Estado, porque más allá de las especulaciones, quienes presiden los órganos del Estado deben coordinar porque hay temas en los que las tareas del Órgano Judicial tienen que ver con los órganos Ejecutivo y Legislativo.
“Sin que esto signifique intromisión o vulneración de la independencia judicial, estamos conscientes de que el Órgano Judicial es independiente, está señalado en la Constitución y en las leyes y nosotros estamos obligados a hacer cumplir esta norma, por tanto obligados a hacer respetar la independencia judicial”, puntualizó.
Prometió que su gestión estará enmarcada en trabajar en lo que la sociedad demanda, transformar los niveles de administración de justicia donde hay retardación, corrupción, mora judicial y la implementación de políticas para concretar estos retos.
