El endurecimiento de la política migratoria demuestra que detrás del Brexit se escondía el deseo de poner más restricciones a la llegada de extranjeros al país. Desde enero de 2021 se comenzaron a aplicar medidas que terminaron con el libre movimiento de personas que pertenecen a la UE, por medio de un sistema de puntos se elaboró un plan para impedir la llegada de inmigrantes que no tengan estudios superiores o una alta calificación laboral y de aquellos que no saben hablar inglés. Este fin de semana se avanzó un paso más hacia la restricción en la entrada y la permanencia de extranjeros.
De acuerdo con el proyecto de ley de Nacionalidad y Fronteras, que empezará a tramitarse el martes en el Parlamento, penará con hasta cuatro años de cárcel, de los seis meses actuales, llegar a territorio británico “sin autorización”, mientras que los traficantes de personas afrontarán una cadena perpetua, de catorce años en la actualidad.
Sectores de la oposición y de organizaciones de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional sostienen que estas medidas promueven mitos y mentiras sobre el asilo y la inmigración.
