El camino hasta el reconocimiento del derecho a la muerte digna en las Cortes no fue fácil por el rechazo de PP y Vox. La continuidad de la ley está ahora en manos de la Justicia tras los recursos de estos partidos. Si bien, el Constitucional ha rechazado suspender cautelarmente la norma.
“En este país, contraer una enfermedad terminal degenerativa al parecer es delito. La condena que te imponen es un final cruel y doloroso, desprovisto de toda integridad y dignidad. Tu dolor y sufrimiento es moneda de cambio entre los que debieran legislar para mitigarlo”, señaló el hijo de Maribel Tellaetxe, que no pudo cumplir la promesa de ayudar a morir a su madre, enferma de alzhéimer, porque ella prefirió sufrir durante años para evitar las consecuencias penales a su familia. “Que los políticos alguna vez piensen en los ciudadanos que sufren“, reclamó Fernando Cuesta, enfermo de ELA, en un testimonio que dejó grabado antes de morir a través de un suicidio asistido en Suiza.
El pasado 18 de marzo, una holgada mayoría absoluta del Congreso de los Diputados recogió el testigo de estas y otras personas enfermas y de sus familiares, que llevaban años pidiendo la regulación y despenalización de la eutanasia. El camino hasta el reconocimiento del derecho a la muerte digna no ha sido fácil en la calle. Tampoco en las Cortes Generales, donde el PP, acompañado más tarde por Vox tras su irrupción en el Congreso, han tratado de tumbar la iniciativa legislativa que este viernes entra en vigor en España.
Ahora, la cuestión se traslada al Tribunal Constitucional por los recursos que ambos partidos han presentado contra la norma. Si bien, su puesta en marcha sigue adelante después de que este mismo miércoles el pleno del Constitucional rechazara suspender cautelarmente la ley, como solicitaba la extrema derecha. El partido de Pablo Casado, por su parte, ha presentado este jueves su recurso de inconstitucionalidad utilizando los mismos argumentos de Vox
El largo recorrido de la ley en el Congreso
El debate sobre la ley de eutanasia ha estado presente en innumerables ocasiones tanto en el Congreso como en el Senado. En marzo de 2017, las abstenciones de PSOE y Cs, y el voto en contra del PP impidieron la admisión a trámite de una propuesta de ley para legalizar la eutanasia promovida por Unidos Podemos. Entonces, el diputado socialista Gregorio Cámara alegó que debería abrirse un debate “sosegado” para establecer “un consenso amplio”, destacando que la prioridad debería ser dotar a España de una “buena y evolucionada” ley de muerte digna.
Un año más tarde, todavía en la XII Legislatura, el Congreso aprobó por 208 votos a favor y 133 en contra (PP) la tramitación de la regulación de la eutanasia. Esta vez, a propuesta del PSOE. La diputada socialista Adriana Lastra, encargada de defender la proposición de ley, expuso que la elaboración de la iniciativa no había sido “fácil ni rápida”, pues entendían que debían “legislar con calma” para armar un texto que garantizara “el complejo y necesario equilibrio entre los bienes jurídicos a proteger y los derechos en juego: el derecho a la vida”.
El PP, que se quedó solo en su oposición a la norma, defendió proteger la vida “hasta el final” como una “gran herencia” para las siguientes generaciones y lamentó que en la Cámara Baja se hablara de derecho a la muerte digna. “Ese derecho a morir genera una obligación de matar“, llegó a aseverar la diputada conservadora Pilar Cortés. Más tarde, este partido presentó una enmienda a la totalidad del texto, que fue rechazada por el resto de fuerzas parlamentarias. Si bien, con el adelanto electoral de 2019, la iniciativa decayó.
Vox se suma a PP en su rechazo a la ley
En la breve legislatura siguiente, el PSOE volvió a la carga y registró la proposición de ley, que volvió a ser admitida a trámite con un amplio respaldo de la Cámara Baja, pero nuevamente la repetición electoral truncó su tramitación. En esta ocasión, además, el partido de Pablo Casado contó con un aliado, la extrema derecha, que también se opuso a la norma.
En la actual legislatura (la XIV), con un horizonte despejado de elecciones generales tras la consolidación del Gobierno de coalición, la iniciativa era ya imparable. Si bien, la irrupción de la pandemia, que mantuvo limitada la actividad en el Congreso durante varios meses, y los vetos a la ley registrados por PP y Vox, impidieron que la norma pudiera tener luz verde antes de tiempo, como tenía previsto el grupo socialista.
España reconoce un nuevo derecho
Con todo, el Pleno del Congreso avaló a mediados de diciembre del pasado año la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. PP y Vox volvieron a quedarse apartados del amplio consenso generado alrededor de una norma “profundamente garantista”, una calificación utilizada por las diferentes fuerzas del arco parlamentario. El portavoz del grupo popular José Ignacio Echániz lamentó la aprobación del “suicidio asistido” en España, una “derrota para todos”, mientras que la diputada de la extrema derecha, Lourdes Méndez, tachó de “tragedia” la consecución de este derecho.
Sendos partidos trataron de tumbar la iniciativa durante su recorrido en el Senado al registrar dos propuestas de veto, que fueron rechazadas. En este sentido, la Cámara Alta aprobó el texto el 10 de marzo de este año entre críticas de los senadores conservadores y de extrema derecha por querer “instaurar la industria de la muerte”.
Al contar con varias enmiendas, el texto regresó al Congreso ocho días después para su ratificación definitiva. Como en anteriores ocasiones, los portavoces de los partidos recordaron desde la tribuna a las asociaciones que han defendido el derecho a la muerte digna, fundamentales para el éxito de esta proposición de ley, y muy especialmente a Ramón San Pedro, María José Carrasco y su marido Ángel Hernández, y al doctor Luis Montes.
A pesar de los ataques de la derecha y la ultraderecha (los diputados de Vox se saltaron el reglamento de la Cámara Baja al exhibir en sus tablets y portátiles el mensaje “La derogaremos”), un largo y sonoro aplauso invadió el Hemiciclo ante lo que se consideraba un momento histórico: España reconocía un nuevo derecho.
