Nicaragua va a celebrar sus elecciones presidenciales el próximo 7 de noviembre, pero los meses previos a la campaña transcurren de una manera complicada. El gobierno de Ortega arrestó al menos a 18 opositores, entre los que se encuentran periodistas, históricos sandinistas y cinco precandidatos a la presidencia. Las acusaciones van desde “lavado de dinero” hasta “traición a la patria”. Las detenciones fueron condenadas por la comunidad internacional, las posiciones del gobierno y los atropellos a la democracia lo dejan cada vez más aislado, casi ningún país manifiesta su apoyo a favor del gobierno.
El giro autoritario no es nuevo, en 2018, después de una serie de protestas que fueron reprimidas por el gobierno y que terminaron con más de 300 personas muertas, decenas de exiliados y cientos de presos políticos, la Asamblea Nacional controlada por el gobierno de Ortega-Murillo aprobó una serie de leyes para ahogar a sus críticos y perseguir a la oposición, un paraguas legal para justificar detenciones arbitrarias.
Ortega desata una feroz persecución política en Nicaragua para mantenerse en el poder